Redacción Actualidad Étnica

Bogotá, 11/12/2006. Hoy se inicia en Saravena (Arauca) la Audiencia preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia, reabriendo el debate sobre el accionar de las petroleras Repsol, Oxy y BP en el país. Se abordarán entre otros temas los impactos ambientales y el riesgo de etnocidio de pueblos indígenas tales como U´wa, Yarigüíes, Cofanes, Sionas, Guahibos y Motilón Barí.

Esta audiencia, convocada por las organizaciones sociales, está basada en los “tribunales de opinión” originados en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y liderados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso. En ella, se pondrá a disposición de los 130 miembros del tribunal la información concerniente a la violación de derechos humanos, la extracción indebida de recursos naturales y el apoyo en modalidades de guerra sucia o terrorismo de Estado. Adicionalmente, se hará énfasis en los impactos de la explotación petrolera en la región, lo que evidenciará la tensión existente entre el marco legal vigente en el que se amparan las empresas y el Estado para llevar a la explotación de hidrocarburos y la resistencia indígena que reivindica la defensa del territorio ancestral.

¿Por qué en Arauca?

Porque en este departamento la explotación petrolera ha sido muy fuerte. En el caso de Caño Limón, se han generado impactos devastadores sobre el pueblo indígena Guahíbo, afectando la pesca que es su principal actividad económica y cultural. En este departamento, las grandes sumas de dinero generadas por explotación de hidrocarburos, hasta el momento no se han traducido en infraestructura, ni en condiciones de bienestar para la mayoría de la población de la región del Sarare.

A esto se suma el conflicto con el pueblo U´wa, que desde hace más de una década, ha planteado nuevos retos a las relaciones entre las empresas petroleras y pueblos indígenas. Los indígenas U´wa de Arauca, agrupados en Ascatidar, adelantaron entre 2004 y 2006 un proceso de Consulta Previa para la exploración y explotación petrolera en su territorio, al cual finalmente se opusieron. En la década pasada, sus hermanos U´wa de Santander, Norte de Santander y Boyacá, agrupados en AsoU´wa, rechazaron la presencia de la multinacional Oxy y actualmente han hecho lo propio con la empresa estatal Ecopetrol, que se encuentra en proceso de privatización. Su caso es particularmente relevante pues no solamente se han opuesto a la explotación petrolera en su territorio, sino que le han dicho “No” al uso del mecanismo de Consulta Previa, que el Convenio 169 de la OIT prevé para estos casos.

A pesar de estas consideraciones y según el marco legal vigente, la empresa Ecopetrol estaría autorizada para reiniciar actividades en el pozo Gibraltar, pues éste se encuentra fuera del resguardo constituido legalmente. Así lo hizo el pasado 1 de noviembre, motivando un pronunciamiento de la comunidad que solicitaba a la empresa retirarse de la zona y expresaba el temor a la militarización de su territorio ancestral, pues esto podría convertir a la población civil en objetivo militar de las FARC y el ELN que operan en la zona.

¿Explotar o no explotar?

Un argumento importante del Estado para insistir en la actividad petrolera es que al parecer ésta se constituye en una de las principales alternativas para el desarrollo del país; según el DANE para el primer semestre de 2006 “las exportaciones del país se incrementaron en 15,2% al compararlas con las realizadas en el mismo período de 2005. (…) Este resultado obedece, fundamentalmente, al incremento del 16,4% en las exportaciones de productos tradicionales, atribuible a las mayores ventas de petróleo y sus derivados”.  Ecopetrol afirma que las reservas de hidrocarburos de Colombia son de alrededor de 1.500 millones de barriles, las cuales podrán mantener el consumo interno sólo hasta el 2011. En ese sentido, se hace urgente adicionar nuevas reservas que puedan mantener el consumo nacional más allá de esa fecha y que permitan exportar excedentes de hidrocarburos que le generen recursos a la nación. 

Sin embargo la Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, Terry Karl, ha sostenido que “los países exportadores de petróleo se encuentran en crisis: Contrario a haber resuelto el descontento social y generado un desarrollo económico sostenido, acompañado de estabilización política, los países exportadores de petróleo en muchas partes del mundo se encuentran en graves crisis económicas y políticas”.  También afirma que las “áreas de perforación petrolera sufren de mayor inflación, desempleo crónico, aumento en la prostitución y el crimen, flujos de inmigrantes y mayor violencia que sus contrapartes no petroleras. Más importante aún, la explotación petrolera trae consigo una creciente militarización y una enorme destrucción del medio ambiente”.

Es en este contexto, el Tribunal Permanente de los Pueblos, como entidad de la sociedad civil, realizará en Arauca una audiencia donde revisará la evidencia presentada y posteriormente emitirá una resolución acerca de la responsabilidad de las multinacionales, que han generado impactos ambientales y culturales nocivos, así como violaciones de derechos humanos. Uno de los aspectos a juzgar es el cumplimiento de las disposiciones legales, entre ellos la aplicación de la Consulta Previa.  

Según fuentes de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en Colombia se han realizado con éxito 40 procesos de Consulta Previa, solamente en dos casos la respuesta ha sido negativa, precisamente en los desarrollados con los indígenas U´wa. Según el gobierno, hay toda la disposición para continuar con esta interlocución, sin embargo para este pueblo indígena dicha continuidad es incierta porque los resultados en la realización de los derechos humanos comprendidos integralmente son un indicador del compromiso estatal, y es allí precisamente donde el Estado colombiano ha sido claramente insuficiente; así lo evidencian los diversos informes del sistema de Naciones Unidas y las demandas interpuestas ante instancias internacionales.

Hasta ahora, el debate se ha centrado entre el sí y el no a la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. El Estado colombiano insiste en la necesidad de explotar petróleo para mejorar la inversión social, pero los pueblos indígenas insisten en los efectos negativos para sus comunidades, haciendo un fuerte énfasis en la defensa del territorio y de los recursos naturales.  Sin embargo, hay experiencias internacionales que hoy sitúan la discusión en el campo del acceso y del control de los beneficios, y evidencian que el problema no es si se explotan o no los recursos naturales, sino cómo, para qué y para quiénes son los excedentes de dicha actividad.

En el caso de Bolivia, los indígenas Guaraníes lograron un acuerdo para financiar su Plan de Desarrollo local con dineros de la Repsol YPF. Sin embargo, esta alternativa de solución del conflicto parece de difícil aplicación en Colombia debido a: 1. En Bolivia los indígenas son mayoría poblacional y cuentan con un presidente igualmente indígena, por lo cual gozan de garantías para  el cumplimiento por parte de la empresa, así como para la protección integral de sus derechos. 2. Los 13,5 millones de USD que serán entregados en el lapso de 20 años, serán utilizados para financiar su propio Plan de Desarrollo Guaraní, y los recursos serán administrados por los propios indígenas en reconocimiento a forma de gobierno y autonomía. 3. Actualmente Bolivia realiza una modificación a su marco normativo, que otorga particular reconocimiento a los pueblos indígenas y, finalmente, Bolivia carece de un conflicto armado interno, razón por la cual la población indígena no es víctima de ataques por parte de grupos ilegales con intereses geoestratégicos en sus territorios.