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Chile: Estado contra papeleras y petrolera

La decisión está tomada, pero no hay fecha aún. La ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lya Uriarte, entregó antecedentes de ambos casos para que el organismo presente las acciones legales e insistió en que la ley “no distingue entre empresas públicas y privadas”.

A las 10:20 llegó Ana Lya Uriarte hasta el sexto piso del edificio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) con dos carpetas blancas bajo el brazo. Una decía Planta Licancel; la otra, Derrame Petróleo ENAP. El contenido era una serie de antecedentes del doble incidente de Celulosa Arauco en el río Mataquito y del derrame de hidrocarburos de la petrolera que contaminó la bahía de San Vicente a objeto de completar las informaciones que el comité de medio ambiente del CDE -que dirige la ex ministra Paulina Veloso- presente la demanda contra ambas compañías.

“La decisión de entablar acciones legales está absolutamente tomada”, señaló Carlos Mackenney, presidente del CDE. Sin embargo, no hay una fecha determinada para hacerlo -“nos ocuparemos de que no pasen meses-, advirtió Mackenney. Al CDE le interesa afinar al máximo las presentaciones y así probar la relación de causalidad entre los hechos producidos y los daños ecológicos.

Paulina Veloso explicó que la Ley 19.300 le otorga al CDE la posibilidad de demandar por reparación e indemnización pero, como en la mayoría de las 39 demandas ambientales que ha presentado el organismo, se optará sólo por la primera alternativa. Para eso, se requiere que los servicios públicos con competencia ambiental informen sobre el estado de los lugares antes de aparecida la contaminación para que el CDE determine qué acciones de reparación pueden restituir el medio ambiente dañado.

Uriarte se encargó otra vez de disipar dudas respecto de la disparidad de criterios en los casos de Celulosa Arauco y ENAP. “La ley no distingue entre empresas públicas y privadas, debe ser cumplida igual por todos y es obligación de las autoridades públicas hacer cumplir esas leyes”. También lo hizo Veloso, quien como ministra secretaria general de la Presidencia impulsó el decreto supremo 80, que establece normas especiales para que la División El Teniente de Codelco evacue sus residuos líquidos en el Estero Carén, lo que le valió criticas de parlamentarios de todos los sectores. “Eso se resolvió tal cual como jurídicamente habíamos dicho en el Tribunal Constitucional. Había razones jurídicas para ese decreto”, dijo brevemente. Precisamente el CDE demandó a Codelco por el derrame de relave. “Esa vez se llegó a un acuerdo rápidamente después de la demanda y se hizo la reparación en todos sus aspectos”, recordó Veloso.

Intendencia del Maule quiere máxima pena.

Por su parte, el abogado de la Intendencia del Maule, Hugo Veloso, dijo que el Gobierno regional espera la pena máxima contemplada en la ley: cinco años de presidio para los responsables de la contaminación en el Mataquito. “¿Quiénes son los responsables? Aquellas personas que con sus conductas conllevaron que el río haya sido contaminado. Como intendencia, nosotros hemos establecido que hay una relación causa-efecto que apunta a la planta Licancel, conforme a los exámenes de laboratorio que nos han llegado”, agregó el profesional.

La Intendencia del Maule presentó el 9 de junio una querella contra quienes resulten responsables de la contaminación del río Mataquito y la masiva muerte de peces en el cauce. Además, el pasado martes se ingresó a la Fiscalía Local de Licantén una ampliación de la querella.

LICANCEL: Dos sentencias para dejar de operar

La ministra de Medio Ambiente explicó los alcances de la sanción ambiental a la Planta Licancel anunciada por la directora regional de Conama, Mónica Rivera. Ana Lya Uriarte dijo que si bien la celulosa de Licantén tiene permisos sectoriales para funcionar que son anteriores a la vigencia de la institucionalidad medioambiental, posee una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por el nuevo sistema de tratamiento de efluentes y cabe una sanción bajo la legalidad vigente.

Uriarte dijo que las sanciones pueden llegar a la revocación de la RCA. “Significa que la aprobación ambiental para operar caduca, por lo tanto, la planta no tiene la posibilidad de seguir operando”, comentó. Además, por los permisos sectoriales también hay un sumario sanitario –de acuerdo al Código Sanitario- que también podría concluir la clausura de la planta. “Son dos órdenes de sanciones a los que está sujeta”.

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