Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

Cochabamba, Bolivia,  abril de 2010

En primer lugar queremos manifestar nuestra coincidencia con la 
propuesta del compañero y hermano Presidente Evo Morales y es por ello 
que decimos: ¡Aquí estamos! en Cochabamba, Bolivia, para ser parte 
activa de esta gran movilización mundial por nuestra Madre Tierra.

Nuestro Planeta se encuentra gravemente enfermo. Todas las formas de 
vida, y no solo la humana se encuentran amenazadas y éste anuncio dista 
de ser apocalíptico. El modelo capitalista, basado en la explotación y 
expoliación de la naturaleza y en la idea del progreso ilimitado, es el 
principal causante del desastre ambiental. Las secuelas del 
calentamiento global y el cambio climático que son el resultado de la 
aplicación de este modelo ya las estamos viviendo dramáticamente cada 
día: deshielo  acelerado de los polos y de la montañas; huracanes, 
inundaciones, sequías o deslaves; islas y poblaciones costeras 
amenazadas por marejadas y tifones y con ser tragadas por las aguas de 
los mares; desertificación creciente y urbanización acelerada que invade 
las tierras agrícolas; migraciones forzadas de poblaciones enteras.

Para los campesinos y campesinas y las zonas rurales del mundo el cambio 
climático tiene un impacto directo. Las inundaciones, sequías, la 
alteración de los ciclos naturales de la lluvia y el surgimiento de 
nuevas pestes están acabando con la pequeña agricultura y ganadería que 
contribuyen de manera decisiva a la alimentación mayoritariamente a la 
humanidad.

El uso de combustibles fósiles para la obtención de energía y el modelo 
agrícola industrial –fuertemente controlado por un puñado de 
transnacionales- son las dos fuentes principales del cambio climático. 
Según las estadísticas, las prácticas agrícolas contribuyeron alrededor 
del 17 por ciento en las emisiones mundiales entre 1990 y 2005. La 
agricultura industrial, que promueve la deforestación y los 
monocultivos, contribuye sustancialmente a las emisiones de gases efecto 
invernadero. Los bosques y praderas ricos en carbono son convertidos en 
“desiertos verdes” que destruyen la biodiversidad. Pero además, al 
utilizar intensivamente fertilizantes y pesticidas químicos provenientes 
del petróleo, maquinaria y semillas transgénicas, provocan degradación 
del medio ambiente, la agricultura industrial contamina las fuentes de 
agua y causa graves daños a la salud humana.

La agricultura industrial es el “esqueleto en el armario’ de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC). Si tenemos en cuenta la producción, el tratamiento de los 
productos y el transporte, toda la cadena alimentaria sería la 
responsable de casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero. No obstante, los países del Norte no parecen estar 
dispuestos a reconocer el impacto que tienen los alimentos y el sistema 
agrícola actual, ni la necesidad apremiante de cambiar de manera radical 
las políticas en alimentación.

Nuestros bosques, manglares, páramos y humedales están protegiendo al 
planeta del cambio climático, pues son capaces de captar grandes 
cantidades de CO2 de la atmósfera de forma natural. Estos ecosistemas 
constituyen vida y hogar de pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
afrodescendientes, que hemos vivido en estos territorios desde hace 
mucho tiempo de manera sustentable, asegurando el equilibrio climático, 
local y global. Estos ecosistemas están siendo destruidos por 
actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera, la 
conversión en monocultivos para producir agrocombustibles o productos 
agrícolas para la exportación. Todo esto contribuye a acelerar el cambio 
climático, y contamina las fuentes de agua de las que depende nuestra 
soberanía alimentaria y nuestra sobrevivencia.

Los países industrializados son culpables del cambio climático, pero se 
niegan a asumir esa responsabilidad, impulsando e imponiendo falsas 
soluciones que no modifican el modelo vigente y por tanto su forma de 
vida. Entre estas, podemos mencionar a la iniciativa REDD (Programa de 
las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo), 
los mecanismos de bonos de carbono y los proyectos de geoingeniería que 
son tan amenazantes como la sequía, los tornados y los nuevos patrones 
del clima.

Otras propuestas como la iniciativa biochar (enterrar en el suelo miles 
de millones de toneladas de carbón cada año),

 la agricultura de laboreo cero y los transgénicos resistentes al clima 
son las propuestas del agronegocio y aumentarán la marginalización de 
los/as pequeños/as campesinos/as.

La fuerte promoción de plantaciones industriales de monocultivo y 
agrocombustibles como soluciones para la crisis en realidad aumentan la 
presión sobre la tierra agrícola. Ha llevado ya a la masiva apropiación 
de tierra por parte de las compañías transnacionales en los países en 
vías de desarrollo, expulsando a campesinos/as y a comunidades indígenas 
de sus territorios.

El sistema capitalista patriarcal, basado en la explotación agresiva de 
la naturaleza y en la valoración económica de las personas, ha provocado 
la explotación y el empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad, 
golpeando doblemente a las mujeres pobres del campo y la ciudad. Las 
mujeres signadas por el rol del cuidado de las familias nos vemos 
obligadas a redoblar las jornadas de trabajo para sostener la producción 
agropecuaria y la alimentación adecuada de nuestros/as hijos/as. 
Resguardar nuestras tierras comunales y las semillas, conseguir 
alimentos sanos y nutritivos culturalmente apropiados, conservar y 
transmitir los saberes y prácticas tradicionales, obtener agua limpia y 
segura, entre otras, son tareas que hacen que las condiciones de vida de 
las mujeres urbano – marginales y del campo se endurezcan.

La lógica de depredación y destrucción de la Madre Naturaleza, afecta 
igualmente a la niñez y a la juventud, amenazando la soberanía 
alimentaria, nuestras culturas, nuestra salud y nuestras vidas.

Frente a la situación descrita:

Señalamos la urgencia y la necesidad de atajar la crisis del cambio 
climático deteniendo la agricultura industrial. Los agro-negocios no 
solo han contribuido enormemente a esta crisis climática, sino que 
también han atentado contra la vida de campesinos/as y pequeños 
agricultores del mundo, quienes han sido expulsados de sus tierras o han 
sido víctimas de mil formas de violencia por luchar por la tierra en 
África, Asia y América Latina.  Somos los campesinos y campesinas 
quienes sufrimos gravemente las consecuencias del llamado libre comercio 
que ha ocasionado incluso el suicidio de muchos de nosotros/as en el sur 
de Asia. Por todo esto, el fin de la agricultura industrial es el único 
para abrir camino hacia delante.

Planteamos que la agricultura campesina de pequeña escala es una 
solución clave para el cambio climático. Contribuye a enfriar el planeta 
y juega un papel vital en la relocalización de economías que nos 
permitirán vivir en una sociedad sostenible. La producción local 
sostenible de alimentos utiliza menos energía, elimina la dependencia 
respecto a productos alimentarios animales importados y retiene carbono 
en la tierra al mismo tiempo que aumenta su biodiversidad. Las semillas 
locales se adaptan mejor a los cambios del clima que ya nos están 
afectando. La agricultura familiar no solamente contribuye positivamente 
al balance de carbono del planeta, sino que además da empleo a 2.800 
millones de personas – hombres y mujeres – a lo largo del mundo y sigue 
siendo la mejor manera para combatir el hambre, la malnutrición y la 
actual crisis alimentaria. Si a los/as pequeños/as campesinos/as se les 
da acceso a la tierra, al agua, a la educación y a la salud y son 
apoyados/as con políticas que pretendan la soberanía alimentaria 
seguieremos  alimentando el mundo y protegiendo el planeta.

Pensamos que es indispensable construir un nuevo modelo de sociedad que 
sustituya al modelo neoliberal extractivista, nuevo modelo que se base 
en la reciprocidad y el principio del ayni (solidaridad y 
condescendencia), que respete profundamente a la naturaleza y a los 
pueblos, y sea la base para la construcción de los nuevos Estados 
Interculturales y Plurinacionales, en el marco de una nueva sociedad que 
ponga en práctica los principios milenarios del Sumak Kawsay o Suma Qamaña.

Consideramos que una de las acciones ineludibles para enfrentar el 
cambio climático es frenar la quema de combustibles fósiles y la 
explotación de minerales. Necesitamos promover un cambio de matriz 
energética fundada en las soberanías energética y alimentaria. Para 
ello, la producción de energía debe estar cada vez más vinculada a las 
necesidades locales, bajo control comunitario y público, desarrollando 
tecnologías ambiental y socialmente sustentables. Pensamos que no es 
admisible que, con el pretexto de sustituir la energía fósil por fuentes 
de energía renovables, se represen los ríos para instalar 
hidroeléctricas o se promuevan plantaciones de caña o palma para 
producir agrocombustibles.

Creemos que el agua es un derecho humano, que no debe ser de propiedad 
privada bajo ningún concepto. El agua debe ser tratada como un 
patrimonio social, cultural y comunitario, más no como una mercancía, 
por lo cual es imperioso procesos de redistribución y desprivatización 
del agua para garantizar los ciclos productivos de las pequeñas y 
medianas agriculturas.

Sostenemos que es fundamental la redistribución de la tierra y la 
reforma agraria para evitar la apertura de nuevas fronteras agrícolas y 
el desplazamiento de campesinos/as por parte de las empresas 
agroindustriales y fortalecer la agricultura en pequeña escala para 
alcanzar la soberanía alimentaria.

Rechazamos los proyectos de forestación y reforestación con especies 
exóticas y monocultivos para sumideros de carbono, en nuestras tierras y 
territorios, pues esto nos impide conservar nuestros ecosistemas y 
producir alimentos, así como los monocultivos de eucaliptos, cipreses, 
soya, etc. por ser atentatorios para el medio ambiente, la biodiversidad 
y la vida humana.

Consideramos que es indispensable revalorizar los saberes y  prácticas 
milenarias de las colectividades que han sido la garantía del equilibrio 
del ser humano con la naturaleza. La agricultura, practicada por los 
pequeños productores en todo el mundo, puede enfriar el planeta.  Por 
ello exigimos que los Estados adopten políticas para recuperar y 
reproducir estos saberes impulsando la agroecología, la cual solo podrá 
hacerse realidad con una verdadera y profunda revolución agraria que 
significa la redistribución y desprivatización de la  tierra y el agua, 
y la democratización de los medios de producción que permita garantizar 
la soberanía alimentaria para todos y todas.

Proponemos que ante la violencia estructural que se ejerce sobre las 
vidas y cuerpos de las mujeres, los hombres y mujeres debemos asumir 
equitativamente el cuidado de la Pacha Mama, es necesario una 
redistribución del trabajo, es urgente que como sociedades y como 
movimientos reflexionemos sobre los roles productivos y reproductivos. 
Los Estados deben garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y a 
los recursos productivos.

Señalamos que para garantizar la protección efectiva de los recursos 
naturales, las zonas intangibles, los ecosistemas frágiles, la 
biodiversidad y la protección de la vida de los pueblos no contactados 
se debe prohibir la extracción minera y petrolera. Para enfrentar los 
cambios climáticos, los ecosistemas de Latinoamérica deben ser 
declarados fuentes de vida para el mundo, los cuales no podrán ser 
destruidos ni alterados.

Apoyamos la creación de un Tribunal Internacional de Defensa de la 
Naturaleza para sancionar a los responsables de los crímenes contra el 
medio ambiente y evitar la impunidad.  Impulsaremos y seremos parte 
activa del referéndum mundial sobre cambio climático.

Nos sumamos al planteamiento de que las Naciones Unidas adopte una 
Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, para que sea una 
herramienta que permita disminuir y evitar las emisiones de carbono, el 
reconocimiento de los refugiados climáticos, la conservación de 
ecosistemas, el ejercicio de los derechos colectivos y el respeto de los 
derechos de la Madre Naturaleza.

Planteamos que los países desarrollados deben reconocer y pagar la deuda 
histórica y climática que tienen con el planeta y crear un mecanismo 
financiero para apoyar a los países en desarrollo en la implementación 
de sus planes y programas de adaptación y mitigación de los cambios 
climáticos, en la conservación de sus ecosistemas y en la innovación, 
desarrollo y transferencia de tecnología. El aporte de los países 
industrializados no debe ser menor al 1 % del PIB, a lo que se debe 
sumar otros recursos provenientes de impuestos sobre combustibles, 
transacciones financieras, transporte marítimo y aéreo  y bienes de 
empresas transnacionales.

Finalmente, rechazamos la pretensión de las potencias capitalistas que 
fueron  las causantes del fracaso de la Conferencia sobre el Clima en 
Copenhague de querer imponer un “acuerdo” espurio, puesto que 
establecido por un puñado de países al margen del proceso legítimo de 
negociaciones multilaterales.  Y que hoy están recurriendo al chantaje 
para tratar que tal imposición prospere.

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