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Petróleo en Latinoamerica -
Bolivia
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Viernes, 21 de Agosto de 2009 14:00 |
Evo, petróleo y el parque Yasuní
Carlos Crespo
Bolpress
31-07-09
La nueva Constitución Política del Estado está inspirada en el
desarrollo sostenible, enfoque
que considera posible articular crecimiento económico indefinido y
conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente. A estas alturas del partido,
con una crisis ecológica
global que ha visibilizado la imposibilidad de un crecimiento
indefinido de la economía, debido a
límites ecológicos establecidos por la naturaleza, el discurso del
desarrollo sostenible ha
operado como legitimador del capitalismo global, bajo un barniz verde.
En Bolivia, este
concepto lo usó el "gonismo" para mercantilizar la naturaleza, hoy se
lo emplea para lo mismo,
aunque con protagonismo estatal.
El presidente Evo Morales, hace unos días, durante una concentración en
Santa Rosa del
Sara, denunció a algunas ONGs que "usan algunos dirigentes sindicales
para oponerse y no
facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más
petróleo".
Asimismo, reveló que estas ONG plantearon un proyecto para evitar se
perfore en la
Amazonía, "de qué, entonces, Bolivia va a vivir, si algunas ONG dicen
‘Amazonía sin
petróleo'.... Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo
boliviano no tenga plata, que no
haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya
(el bono) Juancito
Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy" (ABI, 10 de
julio), retó el presidente.
Las declaraciones del mandatario sintetizan los prejuicios,
desconfianzas y estigmatización del
tema ambiental por parte del actual proceso de cambio, y visibiliza la
orientación dominante de
la política pública sobre los recursos naturales y el medio ambiente,
en los últimos veinte años,
más allá de ideologías políticas. Veamos algunas de sus aristas.
Es el Estado, a través de la autoridad ambiental competente, en sus
diversas expresiones,
quien otorga las licencias ambientales, no las ONGs. Por el contexto de
la afirmación, presumo
que el presidente hace referencia a la acción de ecologistas,
indígenas, ONGs, en América
Latina, que están criticando las políticas gubernamentales de
explotación hidrocarburífera
intensiva en los países de la cuenca amazónica, poniendo en riesgo la
subsistencia de estas
poblaciones y amenazando irreversiblemente la estabilidad ecológica del
Amazonas.
En las luchas y debates en el Ecuador, ha surgido la propuesta del
parque nacional Yasuní,
promovida por el gobierno de Correa, pero impulsada desde el movimiento
y academia
ecologista. El Yasuní, es un parque nacional, reserva mundial de la
biósfera y territorio de
poblaciones indígenas, algunas con escaso contacto externo... hasta que
se descubrió
petróleo, calculado entre 412 millones de barriles de crudo
(verificado) hasta 920 millones de
barriles (estimado). El gobierno ecuatoriano ha anunciado que
renunciará a la explotación del
petróleo en la zona, sellará definitivamente los pozos, para conservar
la diversidad biológica y
el hábitat de los pueblos indígenas, y con ello renunciar a ingresos
anuales estimados en
aproximadamente $US 700 millones. Todo ello bajo supervisión de
entidades internacionales,
como las NNUU.
A cambio, el país andino solicita a la comunidad internacional que
financien la mitad de los
ingresos esperados no percibidos como aporte a la conservación del
parque, esto es $US 350
millones por año, durante trece años (tiempo de explotación calculado
de los pozos).
Con este fondo, Ecuador quiere invertir en proyectos sociales, fuentes
energéticas alternativas,
proyectos de conservación de la naturaleza y del medio ambiente y
ecoturismo. El Gobierno
ecuatoriano asumiría la otra mitad. Alemania ha aceptado la propuesta y
los países nórdicos
han mostrado sumo interés. Pero, como aclara el análisis del parlamento
alemán sobre el caso,
"lo que se prioriza es la protección de la biodiversidad y no la
renuncia al uso de los recursos
petroleros".
Al dejar de explotar petróleo, hay menos emisiones efectivas de CO2 a
la atmósfera; este sería
el aporte de Ecuador a la lucha contra el cambio climático, a
diferencia de los juegos contables
que suponen los mercados de carbono y otras estrategias mercantilistas
de conservación del
Amazonas, que solo legitiman y dan el rostro humano a su destrucción.
Asimismo, se prioriza la justicia ambiental para las poblaciones
locales, principalmente
indígenas, potencialmente afectadas por la explotación petrolera. Por
otro lado, permitiría al
Ecuador conservar indefinidamente un ecosistema estratégico en el
futuro, reducir la amenaza
de desaparición de los pueblos indígenas dentro el área del parque, y
al mismo tiempo recibir
un ingreso destinado para la conservación ambiental y la vida de estas
poblaciones.
En Bolivia tenemos situaciones similares, por ejemplo, en el TIPNIS, el
parque Madidi, áreas
protegidas de alta biodiversidad y al mismo tiempo territorios
indígenas, con evidencias de la
existencia de hidrocarburos (y minerales); pero las alternativas van en
sentido contrario a la
propuesta ecuatoriana, y ratificada por Evo en su discurso; en todos
los casos mencionados, la
intención es explotar los hidrocarburos existentes, con las menores
normas ambientales
posibles, como en el caso del TIPNIS, donde se ha decidido construir
una carretera de
conexión interdepartamental, que parte el parque nacional en dos,
condenándola por tanto
como tal, sin contar con un estudio de impacto ambiental, como
establece la norma.
Pero, hay tímidas disidencias en el paisaje cooptado de las
organizaciones sociales indígenas,
como la de los pueblos indígenas del norte paceño, que han exigido la
suspensión de la
inconsulta exploración sísmica por parte de una empresa norteamericana,
contratada por la
sociedad PDVSA y YPFB, y que provocó la reacción presidencial.
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