DE CARA A LA RENTA PETROLERA, DE ESPALDAS AL PUEBLO

 A un mes de la firma del decreto 1071 el pueblo de Río Negro supo por la prensa que el gobernador Miguel Saiz había adjudicado nuevas áreas, aquellas que habían sido ofertadas en la cuarta ronda de licitaciones del Plan Hidrocarburífero Provincial. Otra vez las autoridades rionegrinas actúan de espaldas de la ciudadanía: desestiman las objeciones de los pobladores a la exploración –y consiguiente explotación de hidrocarburos en la Cuenca del Ñirihuau-; no informan debidamente sus actos, a sabiendas que existe preocupación al respecto; desconocen los reclamos de participación, evitando la convocatoria a audiencia pública y no haciendo partícipes a los municipios en decisiones que le competen; dan información falsa, como la brindada por la subsecretaria de Hidrocarburos Tamara Pérez Balda, quien afirmó que el decreto no se había firmado cuando en realidad esto ya se había consumado la adjudicación. Otra vez las autoridades desconocen los derechos de Pueblo Mapuche, ya que concesiona su territorio sin consulta previa, libre e informada, como lo obligan leyes nacionales y tratados internacionales.

Nuevamente el proceder del Gobierno rionegrino abre un mar de dudas en torno a la suerte de la Cuenca del Ñirihuau y los demás territorios ofrecidos a la explotación de hidrocarburos. Ante los primeros alertas lanzados por pobladores de la región los funcionarios provinciales aseguraron que aplicarán estrictas normas de monitoreo y seguridad ambiental. ¿Qué garantías de sostenibilidad y sustentabilidad pueden ofrecer cuando hasta el momento la falta de transparencia de sus actos ha sido absoluta? ¿Qué garantías pueden ofrecer cuando, ante las críticas a la actividad petrolera, evitan responder con responsabilidad y se limitan a decir que el interés en Ñirihuau es por el gas? Sin dar cuenta que para extraer ese gas deben abrirse caminos, montarse torres de perforación, campamentos, locaciones, piletas para vertido de lodos y aguas de formación, ductos, plantas compresoras, etc. Una infraestructura que impactará negativamente tanto en lo social como en lo ambiental y cultural.

De espaldas al pueblo el gobierno provincial allana el camino para el desarrollo de una industria extractiva que se perpetuará por décadas en ese territorio, transformándolo de tal manera que anulará otras actividades económicas como la ganadería o el turismo. El agua, elemental para la vida, quedará expuesta a la contaminación tanto en las andinas nacientes de ríos, donde abunda, como en la meseta y estepa, donde escasea. Técnicos de la delegación Bariloche del Departamento Provincial de Aguas reconocen que no existen estudios hidrológicos exhaustivos de esa zona tan basta como compleja que es la Cuenca Hidrocarburífera del Ñirihuau, pero el gobierno igual avanza adjudicándola. Y avanza con el aval de la misma legislatura que recientemente rubricó la resolución 74/2008 del Parlamento Patagónico, la cual reconoce la importancia de preservar las nacientes de agua.

La Cuenca Neuquina –que comprende a la provincia de Río Negro- es un claro ejemplo de los costos sociales y ambientales que genera la explotación de hidrocarburos. Pero estos son invisibilizados: no se habla del deterioro del agua, suelo y aire, tampoco de su incidencia en el incremento de casos oncológicos que se registran en Cutral Co, Plaza Huincul o Añelo; menos aún de la pérdida total de la salud en las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil. A tal punto se invisibiliza que el presidente del CODEMA, Oscar Echeverría, afirmó sin sonrojarse que desconocía esos antecedentes. A la vista queda su idoneidad para estar al frente del organismo encargado de velar por la preservación del medio ambiente.

Desconocen los costos sociales y ambientales, no así la pretendida bonanza económica derivada de la renta. Esa renta que alimenta la fantasía de los emiratos propios. La gestión que encabeza el gobernador Miguel Saiz pretende cumplir ese sueño y apuesta al desarrollo del sector energético. Pero producir energía ¿para quién? ¿Para satisfacer las necesidades de la población o para garantizar la electricidad que necesitan las empresas mineras? ¿Para satisfacer las necesidades de la población o para incorporarla al mercado internacional y exportarla?

La quema de combustibles fósiles se encuentra entre las principales causas del cambio climático, pero el Gobierno en vez de proyectarse a futuro, de buscar alternativas energéticas social y ambientalmente sostenibles, apuesta al beneficio en el corto plazo, hipotecando la calidad de vida de las futuras generaciones.

El Gobierno se proyecta de cara a la renta hidrocarburífera y de espaldas al pueblo


Noviembre, 2008