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Miércoles, 12 de Marzo de 2008 06:44 |
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Buenos Aires, República Argentina
Miércoles 12 de marzo de 2008
Edición Nº 2029
México
Reforma energética y blindaje de la economía
Por: Arturo Huerta González (FORUM)
Fecha publicación: 11/03/2008
Por más que las autoridades gubernamentales nos dicen que la economía
tiene condiciones macroeconómicas sólidas para encarar la eventual
recesión de EUA, el problema es que el déficit del sector externo está
aumentando y las finanzas públicas enfrentan presiones derivadas del
crecimiento de su deuda pública interna (a través de los Proyectos de
inversión diferidos en el gasto, Pidiregas), que es el rubro a través del
cual se contabiliza la inversión privada realizada en Pemex, como
artificio para no violar la Constitución. En 2007, el 95% de la inversión
en Pemex, fue a través de Pidiregas, donde el 80% fue de inversión
extranjera.
La reforma energética planteada por el gobierno de permitir la inversión
extranjera en Pemex, está encaminada a su vez a asegurar condiciones
legales y de alta rentabilidad para atraer capitales del exterior. El
propio Calderón ha dicho que el país tiene que atraer la inversión que
está dejando la economía de EUA ante la recesión que se avecina. Como la
economía nacional no ofrece niveles de rentabilidad en el sector
manufacturero y agrícola, dada nuestra baja competitividad y la
contracción del mercado interno, el único sector capaz de atraer inversión
es la industria energética, dado que la Bolsa de Valores ha dejado de
ofrecer los niveles de rentabilidad que tuvo de 2004 a 2007. La economía
nacional depende de los flujos de capital para financiar el déficit
externo y estabilizar el tipo de cambio. El déficit externo tiende a
ampliarse ante la caída de exportaciones que se está dando ante la
desaceleración de la economía de EUA. De ahí que le urge al gobierno
atraer capitales para financiar dicho déficit y más ante la caída del
crecimiento de las remesas y de la Bolsa de Valores. Es por ello la prisa
por la reforma energética.
En este proceso de privatización hemos estado en todo el contexto de
liberalización económica. Primero se vendió la banca y Telmex a través de
la Bolsa de Valores, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993) y
aún así se dio la crisis a fines de 1994, no obstante la disciplina fiscal
tan defendida por el gobierno. La política económica se ha dirigido a
atraer capitales para viabilizar la estabilidad de nuestra moneda y
financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, ante la
inexistencia de condiciones endógenas para sortear tal situación. De ahí
la extranjerización creciente, sin que ello se haya traducido en mayor
desarrollo industrial y agrícola, ni en mayor generación de empleo
productivo, ni en menores presiones sobre el sector externo, ni en mayor
crecimiento económico y menor desigualdad. Al gobierno le urge la reforma
energética, tanto para evitar salidas de capital ante las expectativas de
menor crecimiento, como para asegurar flujos de capital para mantener las
políticas de liberal
ización económica y postergar la inminente manifestación de la crisis
económica que se deriva de dicha política, y más cuando las variables
externas (exportaciones y flujos de capital) actúan en contra.
De realizarse un albazo en torno a la reforma energética, ello no
resolvería los problemas del país. Con la privatización de dicho sector,
el gobierno, como dijimos, vería disminuidos los ingresos provenientes de
la paraestatal, lo que implicará presiones sobre las finanzas públicas, y
obligaría al gobierno a efectuar una drástica reforma tributaria para
incrementar sus ingresos (afectando al propio sector privado que está por
la reforma energética), y a reducir el gasto social, afectando el gasto en
salud y en educación, con la consecuente mayor privatización en dichos
rubros. La entrada de capitales que propiciaría la reforma energética,
apreciará más la moneda nacional (con el consecuente abaratamiento del
dólar y de los productos importados), lo que reducirá más nuestra
competitividad, afectará la esfera productiva y el empleo nacional e
incrementará el déficit de comercio exterior, lo que nos hace depender más
de la entrada de capitales, e incrementa la vulnerabilidad externa de la
economía. El gobierno no quiere reconocer que en este proceso de
privatización y extranjerización hemos estado por más de 25 años y la
economía nacional está ahora más subdesarrollada de lo que estaba antes de
dichas políticas. Las políticas neoliberales primero le quitaron al
gobierno el manejo soberano de la política monetaria con la autonomía del
banco central en 1993, después la política fiscal, con la ley aprobada en
2006 que obliga al gobierno a trabajar con disciplina fiscal y ahora se
pretende legalizar la privatización de Pemex, todo lo cual implica el fin
del Estado nacional, pues no se tendrá ningún poder de negociación frente
al sector privado nacional e internacional, ni manejo de la política
económica para encarar los problemas del país.
Felipe Calderón ha señalado que hay tres opciones a seguir para reformar
Pemex. Una de ellas es aplicar las experiencias de países como China,
Brasil, Noruega y Cuba, donde las empresas públicas hacen alianzas con
empresas transnacionales para perforar aguas profundas. Se nos dice que la
extracción del petróleo no sólo es un problema de dinero, sino de
tecnología, ya que las mayores reservas posibles pudieran estar en el mar
a 3 mil metros de profundidad y sólo una cuantas empresas transnacionales
cuentan con dicha tecnología. Al respecto cabe señalar que tales países
tienen Estado nación fuerte que anteponen los intereses nacionales frente
al de las empresas extranjeras, y en esos contratos las empresas no
participan de un porcentaje de lo encontrado, como lo tratan de imponer
aquí, sino son arrendadas por el Estado. El hecho que no se cuente con
tecnología de aguas profundas, evidencia la falta de visión estratégica
que ha caracterizado a los gobiernos del país, de no canalizar recursos al
desarrollo tecnológico, y más a favor de dicho recurso estratégico que
ofrece gran potencialidad de crecimiento, que no se ha aprovechado. La
entrada de inversión privada a dicho sector no lo resolvería, pues viene
en búsqueda de la ganancia, no a transferir tecnología. El desarrollo
tecnológico en sectores estratégicos debe ser impulsado por el gobierno, y
no por empresas transnacionales, las cuales utilizan su poder financiero y
tecnológico para imponer contratos de exploración y explotación a su
favor. Si México no cuenta con dicha tecnología, es mejor dedicar recursos
para su desarrollo interno, aunque tome años, antes que aceptar los
contratos que implicaría compartir la riqueza petrolera con las
transnacionales, las que además ocasionarían sobreexplotación de los
mantos petroleros, ocasionando que en poco tiempo pasemos a ser país
importador de hidrocarburos.
Otra alternativa que nos coloca el gobierno, es quedarnos como estamos. El
problema es que la inversión privada ya participa en Pemex, violentando la
Constitución y eso se ha traducido, como señalamos antes, en gran
crecimiento de la deuda pública interna, que está presionando las finanzas
públicas, que de seguir así, terminaría ocasionando crisis fiscal, que el
propio gobierno quiere evitar, y es por lo que no quiere seguir como
estamos, de ahí la reforma que plantea. Esta, al legalizar la inversión
privada en el sector energético, traerá consigo la desaparición de los
Pidiregas, por lo que se eliminaría dicha deuda pública interna, a cambio
de reconocer dicha inversión como activos privados, lo que implica
privatización de crecientes activos de dicha empresa, considerando que el
gobierno ha dejado de invertir ahí en los últimos años, para alcanzar su
equilibrio fiscal. La eliminación de dicha deuda, disminuirá las presiones
sobre finanzas públicas. Ello evidencia el costo que implica sumarse a los
dictados de los organismos financieros internacionales, tales como
trabajar con disciplina fiscal, lo que lleva a disminuir la participación
del Estado en la economía, a costa de ceder al sector privado, el control
de los sectores estratégicos de alta rentabilidad de la economía.
El gobierno perfectamente puede invertir en Pemex utilizando el excedente
petrolero. El precio del barril presupuestado para 2008 fue de 46 dólares
y actualmente está por arriba de los 80, por lo que no requiere de la
inversión privada para potenciar dicha industria. Asimismo, puede trabajar
con gasto deficitario a favor del desarrollo de Pemex, lo que no
implicaría presiones inflacionarias, ni sobre el sector externo, ni mayor
deuda pública, pues dicha empresa es altamente productiva. generadora y
ahorradora de divisas, y su rentabilidad supera con creces la tasa de
interés que implicaría la deuda que se derivase del déficit fiscal.
La tercera opción que señalan es que habría que quitar recursos a
educación, campo y salud para destinarlos a Pemex. Y añaden que “los
recursos del hidrocarburo deben contribuir a aumentar el gasto social y la
infraestructura del país†. El problema es que los ingresos provenientes de
un recurso no renovable, deberían ser canalizados a la producción interna
de aquellos bienes que la economía importa del exterior, pues una vez que
dejemos de contar con el excedente petrolero, no se va a contar con
divisas para financiar tales bienes, lo que provocará escasez de productos
y alza de sus precios, lo que frenará la actividad económica. Más que
destinar tales recursos a infraestructura (el problema no es falta de
infraestructura), deberían canalizarse al desarrollo tecnológico,
industrial y agrícola para disminuir las presiones sobre el sector externo
y nuestros requerimientos de entrada de capitales.
El gasto de bienestar social debe ser financiado con impuestos. El país
tiene una de las más bajas recaudaciones tributarias en América Latina,
justo porque los ingresos del petróleo financian el 40% del gasto público,
lo que ha permitido que predominen bajos impuestos para los sectores de
altos ingresos del país. Ello ha llevado al sobreendeudamiento de Pemex y
a su descapitalización. El trato preferencial con que han contado los
sectores de altos ingresos y el capital financiero, es lo que ha llevado a
dejar sin recursos a Pemex para su desarrollo, y el gobierno piensa que al
legalizar la entrada de inversión extranjera en tal empresa, se
resolverían sus problemas. Las transnacionales no permitirían que se les
grave por arriba de las tasas internacionales, por lo que la reforma
energética, al promover la inversión privada en la industria petrolera,
redundaría en menores ingresos para el gobierno, lo que le complicaría
alcanzar su disciplina fiscal. Más que reducir el gasto social para
favorecer a Pemex, como plantea el gobierno, de no aprobarse su reforma
energética, debería de llevar a cabo una reforma hacendaria que aumentase
los impuestos a quienes más tienen, así como desvalorizar la deuda pública
interna a través de menor tasa de interés y menores rendimientos a los
Pidiregas, a fin de disminuir las presiones sobre las finanzas públicas y
poder dar autonomía financiera a Pemex.
Asimismo, se requiere refuncionalizar a dicha empresa. No es posible que
sus empleados y trabajadores tengan salarios y prestaciones por arriba del
resto, en un contexto donde esas prácticas han llevado al
sobreendeudamiento y descapitalización de dicha empresa y que esté a punto
de dejar de ser patrimonio nacional. Se requiere de una limpia general que
contemple reajuste de personal, de salarios y prestaciones, así como
revisión de todos los contratos estratosféricos que tienen con empresas
transnacionales y nacionales que implican derrama de recursos a su favor.
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