Cuatro de las 10 áreas protegidas naturales de la provincia de Córdoba podrían quedar sujetas a actividades de exploración petrolera, en función del llamado a licitación concretado este año por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Para el Foro Ambiental, lo razonable hubiera sido que en el momento de delinear el mapa de exploración, se hubiera excluido a estos ecosistemas estratégicos.

Cuatro de las 10 áreas protegidas naturales de la provincia de Córdoba podrían quedar sujetas a actividades de exploración petrolera, en función del llamado a licitación concretado este año por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

La información surge de datos recabados por el Foro Ambiental de Córdoba a partir de las áreas licitadas para las que se concretaron ofertas, y de la localización de las áreas naturales protegidas, declaradas como tales por normas provinciales, y recogidas en ese carácter en por la Agencia Córdoba Ambiente en su página web.

Las áreas protegidas que –en su totalidad o en parte– quedarían dentro de las zonas de exploración serían la reserva Salinas Grandes; el corredor biogeográfico Chaco Árido (ambos ubicados en el noroeste provincial); una franja de la reserva de uso múltiple Mar Chiquita (en el noreste); un sector del corredor biogeográfico El Caldén, en el sur provincial. Y también estarían incluidas otras dos áreas naturales, en concreto, la reserva natural Laguna Las Tunitas, y la reserva natural Parque Tau, creadas por ley.

Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada en Epec, a pesar de los insistentes llamados de este diario al vocero de la empresa, Adrián Calvo.

Epec se limitó a informar, en forma verbal, que de las 16 zonas previstas para explorar la presencia de hidrocarburos en la provincia, hubo ofertas para ocho de ellas por parte de dos empresas.

Las áreas para las que hubo oferentes son Bulnes, Lucio V, Mansilla, Bell Ville y San Francisco; y General Levalle, Villa Dolores, Corral de Bustos y Mataldi. De acuerdo con las coordenadas para cada zona que figuran en el pliego de licitación elaborado por la Epec, Lucio V. Mansilla abarca la reserva Salinas Grandes y el corredor Chaco Árido; Villa Dolores el corredor Chaco Árido; San Francisco un área de Mar Chiquita; Mataldi un sector del corredor El Caldén. Además, el área Bell Ville comprende a la reserva Parque Tau, y Corral de Bustos rozaría un sector de la reserva La Tunita.

La posible superposición entre algunas áreas protegidas y zonas de exploración de hidrocarburos fue advertida en un informe de Telenoche 12, que especificó que la oferta económica fue de 63,5 millones de dólares y que las dos empresas que presentaron ofertas son nacionales y pertenecientes al mismo grupo económico, Ketsal e Integra Investment, que estarían vinculadas a Daniel Vila y José Luis Manzano.

Más dudas que certezas. “Hoy es imposible saber cuántos kilómetros cuadrados de reservas y de áreas protegidas se podrían ver afectados por la exploración para ver si hay petróleo, porque ningún organismo oficial ha dado esa información”, advirtió el biólogo Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental.

“En el Foro vemos con mucha preocupación que este tipo de búsqueda y la eventual explotación de hidrocarburos se haga en esas áreas, por el impacto que puede tener en los ecosistemas”, señaló el biólogo.

Las consecuencias sobre la fauna, en particular en las aves, y también en el agua, por la importante presencia de humedales (que tienen al agua como elemento estructural de esos ecosistemas) en esas zonas, es lo que más preocupa a los ambientalistas. “Si el agua se contamina, el ecosistema cambia abruptamente”, explicó Kopta.

Para el biólogo, lo razonable hubiera sido que, en el momento en que Epec delineó los mapas con las áreas para buscar petróleo, se hubieran excluido las áreas naturales protegidas.

“Aunque existe distinto tipo de protección según cómo se catalogue al área, y está previsto que en algunas de ellas pueda haber algún tipo de actividad productiva, teniendo en cuenta que la licitación incluyó las dos terceras partes de la provincia, las áreas naturales deberían haber quedado excluidas”, argumentó Kopta.

Y es que, originalmente, la licitación –cuya convocatoria se abrió el 23 de febrero pasado– preveía 16 zonas para buscar petróleo, que afectaban a la mitad de las 10 áreas naturales protegidas a nivel provincial, y a tres de las cuatro creadas por el Poder Legislativo, además de otras tres áreas naturales privadas.

Marcela Fernández

Información pública

Desde abril pasado, el Foro Ambiental de Córdoba viene solicitando formalmente información oficial sobre qué áreas de exploración de hidrocarburos coinciden con áreas naturales protegidas, sin que hasta el momento la demanda haya obtenido una respuesta.

En concreto, el 26 de abril de este año el biólogo Federico Kopta, integrante del organización ambientalista, presentó un pedido de información pública fundado en la ley provincial 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, dirigido al presidente de Epec, Simón Dasensich. La solicitud fue respondida el 6 de junio pasado señalando que toda la información referida a la licitación de hidrocarburos debía dirigirse a la Secretaría de Minería de la Provincia.

Al día siguiente, el 7 de junio pasado, Kopta reiteró el pedido de información pública, esta vez dirigido a la Secretaría de Minería de la Provincia, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta, a pesar de que la ley prevé un plazo de 10 días hábiles, con una prórroga similar.

Por esa razón, el 15 de agosto pasado, Kopta envió una nota a la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini, solicitando que gestione la respuesta a los pedidos de información, dado que están vencidos los plazos previstos por la ley 8.803.

Mar Chiquita, la “niña bonita”

La reserva Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, la más grande e importante de Córdoba, es la que está mejor protegida de todas las áreas naturales provinciales.

En eso mucho tiene que ver el hecho de que en 2002 fuera designada como sitio Ramsar por las Naciones Unidas y reconocida como uno de los humedales salinos más extensos e interesantes de Sudamérica.

Uno de los requisitos de toda área protegida, y más específicamente de un sitio Ramsar, es el desarrollo de un plan de manejo que permita el uso sustentable y la conservación de su biodiversidad y de sus ambientes naturales. Y en el diseño de ese modelo de gestión asumieron compromisos la Nación y la Provincia.

Enrique Bucher, director del Centro de Zoología Aplicada de la UNC y coordinador del trabajo de 33 autores que dio origen al libro Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita (editado el año pasado por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba) asegura que "en la actualidad no hay amenazadas urgentes ni riesgos importantes de degradación" del sistema de Ansenuza. Y si bien considera que "quizá el número de guardaparques no es el ideal", el área cuanta con personal capacitado y un destacamento bien equipado.

No obstante, advierte que, hacia el futuro, la situación es diferente y señala amenazas concretas. Una, si la laguna seguirá contando con el agua que necesita para mantenerse como tal, considerando que se trata de una cuenca cerrada.

El biólogo abre interrogantes en las "altísimas cuotas de agua para Santiago del Estero y Tucumán" que contempla el tratado vigente sobre la cuenca del Salí-Dulce (que también incluye a Córdoba), el principal tributario de Mar Chiquita.

Bucher aclaró que esas cuotas no están efectivizadas totalmente en la actualidad pero Santiago del Estero tiene proyectadas importantes obras de irrigación y la extracción de agua de ese recurso que está haciendo Tucumán es cada vez mayor debido al sensible aumento del consumo industrial y residencial.

"El libro contiene un modelo hidrológico realizado por hidrólogos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC. Se trata de una primera aproximación acerca de cuánta agua se necesita para mantener distintos niveles de la laguna", señala Bucher.

Para este científico se trata de una herramienta para que las provincias comprendidas en esta cuenca negocien un nuevo tratado, que establezca el volumen que tendría que proveer el Río Dulce debajo del embalse de Río Hondo para asegurar el funcionamiento de la laguna, el uso sustentable y la conservación de su biodiversidad y ambientes naturales.

Ni tan desprotegidas ni tan descuidadas

Las áreas naturales cordobesas, en términos generales, no están tan protegidas como los partidarios del desarrollo sustentable quisieran ni tan descuidadas como algunos defensores a ultranza del ambiente denuncian periódicamente.

La gestación del actual sistema provincial de áreas de conservación, cuyo propósito es tener representados todos los ambientes naturales de Córdoba, comenzó con cierto vigor a comienzos de la década del ‘60 cuando algunos infatigables luchadores de la causa ecológica, como Ricardo Lutti (emblema académico y de la investigación en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC, cuya biblioteca lleva el nombre de quien fuera profesor emérito de esa casa de estudios) enarbolaron la bandera de la conservación de nichos ambientales o ecosistemas característicos.

En aquel tiempo, la legislación en materia de preservación de los recursos naturales era mínima e inespecífica y había que rascar la cáscara normativa para encontrar alguna referencia clara en la materia. Como en el caso de la ley de caza 4.046, de 1958, que contemplaba de manera explícita algunos principios que sirvieron luego para la creación, en 1964, del refugio de animales autóctonos Quebrada del Condorito, hoy parque nacional. También, para la declaración de reserva de la laguna Mar Chiquita y como parque arqueológico y natural de Cerro Colorado.

Hubo que esperar dos décadas para la promulgación de la ley 6.964 de áreas naturales de Córdoba. De ese modo, Córdoba se transformó en la provincia pionera en contar con una legislación específica.

No obstante y pese a la existencia de instrumentos legales y a la vocación y compromiso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con la preservación de áreas naturales representativas, los niveles de protección de los actuales sitios comprendidos en ese rango presentan déficits evidentes.

Botón de muestra. En la reserva hídrica natural Parque La Quebrada, en Río Ceballos, desde su creación, hace exactamente 20 años, "prácticamente nunca se hizo cumplir el reglamento de funcionamiento", asegura Pablo de Maio, presidente de la Asociación Ecosistemas Argentinos y habitante de esa área protegida. Con matices, la situación es similar en las restantes siete áreas protegidas y en los dos corredores biogeográficos de la provincia (el del Caldén y el del Chaco Árido).

El biólogo señala como ejemplo que en Colanchanga, la zona más urbanizada de la reserva (a la vera del camino de El Cuadrado) nadie respeta ni hace respetar el factor de ocupación. Esa relación es del 0,03 por ciento de las 4.200 hectáreas protegidas. "No hay ningún monitoreo ni control sobre el factor de ocupación. Tampoco lo hay del tipo de construcciones, de la disposición final de los residuos sólidos ni de los desagües", señala. Maio también lamenta que hasta ahora no se haya diseñado un modelo de gestión ordenada del uso del suelo con fines ganaderos. "Eso es muy lamentable porque hay que tener en cuenta que se trata de una reserva hídrica y que el 80 por ciento del área es de pastizales", aclara.

Cabe destacar que el embalse La Quebrada abastece de agua potable a los pobladores de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza y, excepcionalmente, a otras localidades del departamento Colón, en épocas de sequía, como sucedió el último verano con Salsipuedes.

La semana pasada se desarrolló un simposio en Río Ceballos en el que se destacó que debido a la imprevisión señalada y a la falta de controles, la calidad del agua que recibe el principal dique de las Sierras Chicas es cada vez de menor. Por esa razón los costos de potabilización se incrementan periódicamente.

Con el fin de revertir ese cuadro, la Asociación Ecosistemas Argentinos motorizó un proyecto de creación de una reserva municipal en la cuenca del arroyo Mal Paso. De concretarse la iniciativa, se sumarían 1.500 hectáreas a la reserva hídrica La Quebrada e integraría a ambas a la de Los Quebrachitos. De ese modo, unas 10 mil hectáreas quedarían bajo protección.

La propuesta está desde hace dos años a consideración del Concejo Deliberante de Río Ceballos. "En un primer momento se le dio un fuerte impulso pero, aparentemente, a pedido del Ejecutivo y debido a supuestas presiones de empresarios inmobiliarios, su aprobación está demorada", señaló Maio. Los defensores del ambiente confían en que las autoridades municipales electas recientemente rescaten el proyecto y lo concreten. www.ecoportal.net

Héctor Brondo