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Petróleo en Latinoamerica -
Argentina
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Martes, 06 de Octubre de 2009 23:00 |
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Picún Leufú: la provincia sólo sabe de derechos… petroleros
Por Observatorio Petrolero Sur - Thursday, Oct. 01, 2009 at 10:42 AM
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La violencia se impone una vez más en la comunidad Huenctru Trawel
Leufu, en cercanías de Picún Leufú. Los comuneros informaron hoy que más
de 100 uniformados, con perros, motos y carros hidrantes, permanecen
apostados en diferentes puntos del territorio. El clima de beligerancia
se recrudeció ayer cuando operarios de Petrolera Piedra del Águila
(PPA), escoltados por policías y el abogado de empresa, Alejandro Diez,
intentaron entrar al territorio en disputa avalados por un fallo del
Juzgado Civil y Comercial 2 de Cutral Có.
Desde hace más de dos años los mapuche impiden el ingreso de la compañía
petrolera, ya que la provincia concesionó su territorio como área de
exploración sin haber realizado la consulta previa, libre e informada en
caso de afectar a pueblos indígenas que obligan tanto legislación
internacional, Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, como interna, constituciones nacional y provincial . (Incluso
esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén
emitió un fallo frenando momentáneamente el proyecto de explotación de
una mina de oro en Loncopué ya que fue autorizado sin la previa consulta
a la comunidad Mellao Morales. [1])
En este contexto ayer el subsecretario de Hidrocarburos y Energía de
Neuquén, Héctor Mendiberri, fue el encargado de la artillería
gubernamental. En declaraciones a la prensa sostuvo: “[los comuneros del
lof Huenctru Trawel Leufu] no se encuentran asentados en el registro
[de] Personas Jurídicas donde están inscriptas todas las comunidades
mapuches” [2], como si sólo fueran sujetos de derechos a partir del
reconocimiento estatal, cuando no es así. Por otra parte el funcionario
faltó a la verdad con sus dichos, ya que la comunidad sí está inscripta,
pero en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y es la provincia
quien se niega a reconocer la potestad del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
Según el portal de noticias Diariamente Neuquén “desde el gobierno
sostienen que se trata de una familia que vino desde la provincia de Río
Negro y no tiene nada que ver con las comunidades mapuches de la zona”
[3]. La afirmación constituye un hito en la reiterada política de
incumplimiento de las obligaciones de los estados; a la conocida excusa
del origen trasandino de los mapuche, desde el anonimato se da una
vuelta de tuerca y se afirma que un lof no tiene derechos porque es
originario de otra provincia. Pero en concreto poco importa si los
ancestros de los comuneros vinieron de uno u otro lado del río Limay
-límite de las provincias de Río Negro y Neuquén-, ya que tanto a nivel
nacional como provincial se reconoce la preexistencia de este pueblo al
estado argentino. Es decir, que era un pueblo con un territorio previo
que el estado levantara sus fronteras administrativas, tanto hacia
adentro como hacia afuera.
A principios de 2008 se conformó una mesa de negociaciones donde estaban
representados la comunidad y la Confederación Mapuche, la provincia y la
empresa: de esta instancia surgió el compromiso de realizar un estudio
de impacto ambiental y cultural previo a cualquier intervención de la
petrolera, pero la iniciativa nunca se ejecutó por falta fondos. Durante
algunos meses la disputa fue al freezer y se reavivó cuando los
estímulos del plan nacional GasPlus -aumento de precios para el
combustible obtenido en nuevas exploraciones- alcanzó al yacimiento
Ramos Mexía controlado por PPA. Si bien desde el principio fueron
evidentes los vínculos entre diferentes estamentos del partido-estado
Movimiento Popular Neuquino y Petrolera Piedra del Águila, a lo largo
del conflicto las autoridades provinciales intentaron diversos abordajes
hasta llegar a al punto en que se confunden los intereses de la empresa
y la provincia donde las declaraciones del Subsecratario de
Hidrocarburos y el abogado de la petrolera se funden en una sola voz.
Este nuevo intento de la empresa de avanzar sobre el territorio de la
comunidad está respaldado por un fallo emitido a principios de
septiembre. Esta resolución judicial, junto a otras del mismo tenor,
motivaron una reciente carta de la Confederación Mapuce Neuquina (CMN) y
el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) al
Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Sr. James Anaya.
“Con mínimas excepciones, en la Provincia la gran mayoría de los
tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las
tierras y territorios tradicionalmente ocupados. Tampoco se aplican las
normas que imponen el conocimiento de la especificidad cultural: en los
procesos judiciales los pedidos de prueba tendiente a acreditar las
características culturales propias son rechazados en forma sistemática y
los órganos judiciales superiores no consideran que los jueces que lo
hacen carezcan de imparcialidad” señala la misiva firmada por el lonko
Elías Maripan -máxima autoridad de la CMN- y el abogado Juan Manuel
Salgado, titular del ODHPI. [4]
En la correspondencia sostienen que “a diferencia de la celeridad con
que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los
hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación
Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla
con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose
vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.
-Diez pal peso
“No tienen ningún tipo de propiedad ancestral ni ningún tipo de posesión
ancestral. Ellos están en este lugar hace más o menos unos 20 años y
bueno, creen que por ese tipo de posesión pueden usurpar y toda esta
situación de las comunidades mapuches ejercer una posición que no es
tal”, sostuvo el abogado de PPA en declaraciones a LU5 y RTN [5].
Alejandro Diez es el titular de Diez Abogados, estudio que presta
asistencia a empresas radicadas en Neuquén y Río Negro, entre ellas a la
constructura zapalina C.N. SAPAG S.A., de Carlos Natalio “Nuno” Sapag
-el hermano del gobernador neuquino.
A principio de septiembre Nuno Sapag calentó el ambiente con sus
declaraciones al diario Río Negro, denunciando que, en sus demandas, los
mapuche son apoyados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombiana (FARC) y la guerrilla separatista vasca Euskadi ta Askatasuna
(ETA), y aseguró que pretenden instaurar “un régimen de terror e
inseguridad” en la provincia. [6] Estas afirmaciones -que tienen
sustento en la caracterización que a nivel continental hacen las fuerzas
de derecha respecto de la “emergencia indígena”- marcaron el punto de
partida de un nuevo proceso de criminalización impulsado por ganaderos e
industriales que ven afectados sus intereses por las conquistas
indígenas. En menos de un mes, la serpiente rompió el cascarón y del
huevo salieron proyectos legislativos como el presentado por el diputado
José Luis Sáez, del bloque kirchnerista Concertación Neuquina para la
Victoria: “Artículo 1° Solicitar al señor fiscal federal en turno con
competencia en la Provincia del Neuquén inicie con carácter de urgente
una minuciosa investigación relacionada a las denuncias públicas
efectuadas en medios periodísticos que aseguran que existiría una
campaña de infiltración desde el país trasandino de supuestos grupos
armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la
fuerza”. [7]
En los fundamentos Sáez afirma: “hoy la situación tiene un componente
extremo que agrava aún más el problema; nos encontramos con una decisión
por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a
llevar adelante acciones que colisionan con la legalidad y pretenden
hacer valer sus supuestos derechos tomando tierras privadas y/o
estatales desconociendo el Estado de Derecho. (…) Hasta este punto
podríamos afirmar que con la sola intervención de la Justicia ordinaria
y la aplicación de las normas vigentes podríamos encaminar la situación,
pero si a esto le sumamos -y surge de las denuncias públicas efectuadas-
que la toma de tierras responde a un plan y a una estrategia con un
fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, estamos
frente un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la
soberanía y seguridad nacional, por lo que amerita tomar cartas en el
asunto y actuar en consecuencia”. [8]
A las afueras de Picún Leufu, rumbo a Piedra del Águila, se libra otra
cotienda entre los derechos de los pueblos originarios y los intereses
de las corporaciones. El Estado provincial ha tomado partido
abiertamente, y el ambiente está enrarecido por los augurios de violencia.
Referencias:
[1] Fallo de TSJ Neuquino de no innovar en expediente minero.
http://www.redaj.org/spip.php?article141
[2] Diariamente Nuequén, 29/09/09.
http://www.diariamenteneuquen.com.ar/index.php?action=noticia&id=4932
[3] Ibid.
[4] Denuncia internacional de la COM por discriminación racial en
Neuquén. http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/693589.php
[5] Diariamente Nuequén, 29/09/09.
[6] Río Negro, 4/09/09.
http://rionegro.com.ar/diario/2009/09/04/1252033399220.php
[7] La mentira terrorista toma estado legislativo en Neuquén.
http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/694992.php
[8] Ibid.
opsur.wordpress.com
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