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AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LICENCIA A PETROBRAS LOTE 31 Imprimir E-mail
Viernes, 09 de Diciembre de 2005 11:05

SEÑORES MINISTROS DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO.-

 

Nosotros, Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Patricio Benalcázar, Presidente de la Fundación Regional de Derechos Humanos (INREDH), Jorge Benavides Ordóñez, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Católica del Ecuador (FEUCE), Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE, y David Cordero, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por nuestros propios derechos colectivos, ante usted comparecemos y de conformidad con lo prescrito en el Art. 95 de la Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 46 de la Ley de Control Constitucional, Art. 2 (3) (a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentamos la siguiente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL:

 

ANTECEDENTES.-

 

El 20 de noviembre 1979 se declaró a Yasuní como parque Nacional.1 Esta declaración se la hace por existir en su interior una riqueza natural que debe ser preservada.

 

En el parque Yasuní encontramos varios ecosistemas en estado natural. El parque está conformado por un bosque húmedo tropical, que contiene una mega diversidad única: 500 especies de animales, 116 aves (especies raras o nuevos registros), rasgos geológicos y hábitats de gran significado nacional e internacional para la ciencia, la educación y recreación pública.2

 

El bosque húmedo tropical lluvioso constituye un ecosistema cubierto por muchas especies vegetales de diferentes tamaños, la lluvia, temperatura, humedad, tipo de suelo, luz y otros factores, hacen que el bosque sea diferente de un sitio a otro, "lo que significa que la diversidad no se repite y que la afectación en un área implicará altas posibilidades de destrucción de las especies que existen en dicha región."3

 

El parque yasuní es la región de mayor diversidad biológica del mundo.4

 

En 1989 el Parque Nacional Yasuní entra a formar parte de la Reserva Mundial de Biosfera, dentro del programa del Hombre y de la Biosfera de la UNESCO5. Como consecuencia de esta declaración el manejo del parque debe estar sujeto a las estrategias de Sevilla, dictadas en la Conferencia de Expertos realizada en España en marzo de 1995.6

 

El objetivo de crear el parque nacional fue la preservación de especies en peligro de extinción, proteger innumerables especies animales y vegetales, puesto que "cualquier alteración o disminución que sufran los bosques naturales conducen de un modo inevitable a la extinción o menoscabo de la diversidad genética y con ello la degradación de la biodiversidad."7

 

En 1990, ante la posibilidad de explotar petróleo en el parque Yasuní, la Corporación de Defensa de la Vida (en adelante CORDAVI), presentó un denuncia ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, en contra de CEPE, del Ministro de Energía y Minas y del Ministro de Agricultura y Ganadería. El Tribunal resolvió para que los funcionarios de gobierno "eviten en lo posterior hacer concesiones de áreas para la explotación petrolera dentro de los Parques y áreas de reserva natural o
equivalentes."8

 

En 1996, el Bloque 31, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, fue adjudicado en la Octava Ronda de Licitaciones Petroleras a la empresa Argentina Perez Compac.

 

Durante 1997 y 1998 la empresa Pérez Compac llevó a cabo prospecciones sísmicas dentro del Bloque y perforó dos pozos exploratorios (Apaika y Nenke), donde encontró reservas petroleras con crudo pesado.

 

En el año 2002 la empresa argentina quebró y fue comprada por Petrobrás, empresa estatal petrolera del Brasil.9

 

2. RELACION DE LOS HECHOS.-

 

El Estudio de impacto ambiental realizado por la empresa y aprobado por el Ministerio de Ambiente, prevé la construcción de una basta infraestructura petrolera: plataforma petrolera Apaika y Nenke, estación central de procesamiento, líneas de flujo, oleoducto, una carretera por parte de Petrobras, con las siguientes características: 28 kilómetros de vías de acceso, 25km de los cuales se encuentra dentro del Parque Nacional, 28 kilómetros de líneas de flujo (pequeño oleoducto). Todos estos hechos son de público conocimiento, como demostramos con los recortes de prensa que adjuntamos a la presente acción. De igual modo, se prevé construir infraestructura auxiliar como campamento, incineradores y rellenos sanitarios.

 

Para comenzar la construcción de las facilidades petroleras dentro y en áreas de influencia del Parque, Petrobrás requiere obtener una licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente.10 Tenemos conocimiento que la licencia ambiental fue ya otorgada.

 

La licencia ambiental y el subsiguiente inicio de operaciones producirán daños al delicado ecosistema del Parque Nacional Yasuní, daños que, como demostraremos, son irreparables.

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO.-

 

3.1. VIOLACIÓN DEL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO: Art. 3 (3), Art. 23 (6), Art. 86 (1), Art. 91 (inc. 2) de la Constitución, Art. 6, Art. 34 y Art. 47 del Código de la Salud, Art. 12 del Plan Nacional de Derechos Humanos, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 24 de junio de 1998, Art. 11 y Art. 12 (2) (b) del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC), Art. 11 (1) (2) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales o Culturales "Protocolo de San Salvador", Art. 15 (1) del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes (Organización Internacional del Trabajo (OIT), Primer y Vigésimo Primer Principio de Declaración de Estocolmo, Primer Principio de la Declaración de Río de Janeiro, Art. 3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 23, número 6, prescribe que: "Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación."

 

Al entrar Yasuní a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, por solicitud del Estado ecuatoriano, su manejo debe estar sujeto a las Estrategias de Sevilla. En ellas se determina que en toda reserva de la Biosfera las únicas actividades que se pueden desarrollar, para garantizar el equilibrio y la no contaminación, son: "[...] actividades cooperativas compatibles con prácticas ecológicas racionales, como la educación relativa al medio ambiente, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada básica".

 

Es decir, no están permitidas actividades no sustentables como es la actividad petrolera.

 

Por otro lado, el Principio de Precaución (ver infra), Art. 91 de la Constitución, obliga al Estado a tomar medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión. Estas medidas preventivas incluyen la prohibición de autorización para la construcción de la infraestructura petrolera.

 

Ahora bien, en el caso de la explotación petrolera, el daño que se puede ocasionar al ecosistema es certero, escapa de toda duda, por lo que las medidas preventivas cobran mayor sentido para el Estado.

 

3.2 Daño

 

Se ha realizado ya la prospección sísmica en el Parque Yasuní. Esta fase implica la producción de un daño ecológico, puesto que se abren trochas, se perfora hasta 20 metros de profundidad y luego se explota dinamita. Los impactos de esta actividad son deforestación, en algunos lugares erosión, inestabilidad de suelos, taponación de vertientes de agua, muerte de peces, pérdida de biodiversidad, migración y extinción de los animales silvestres con el ruido, y pérdida de flora nativa que puede ser endémica.11 Adjuntamos cartas de denuncia de comunidades indígenas quíchuas en las que constan daños ambientales y engaños de las petroleras a las comunidades. Estas comunidades se encuentran en la zona de influencia del Parque Nacional Yasuní.12

 

Así, por ejemplo, las comunas Kichwas de Chiro Isla, Sinchi Chicta, Samona Yuturi y San Vicente, ubicadas en la ribera del Rio Napo cantón Aguarico, están dentro
del área de influencia directa de los trabajos de sísmica y de la
construcción de un oleoducto de Petrobras.  Ellos denunciaron que la empresa
había provocado numerosos daños ambientales, los había engañado y violado
sus domicilios, y no habían sido consultados.13


En relación a la construcción de la infraestructura petrolera, en materia ambiental, el Estado ecuatoriano debe aplicar el principio de precaución, obedeciendo los convenios internacionales y su propia Constitución (Art. 91).

 

Este principio se encuentra desarrollado en el artículo 3 de la Ley de Gestión Ambiental, que claramente establece que cuando exista amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

 

Tenemos evidencia que una carretera construida en el parque provoca ya daños irreparables. En 1993 la Maxus y Petroecuador construyeron 30 kilómetros de carretera en el Parque Yasuní. Esta carretera ha provocado cuatro fenómenos evidentes: daños irreversibles en el ecosistema14, enfrentamiento entre comunidades15, deforestación y colonización16. Por esta razón, la subcomisión para la Prevención de discriminación de minorías recomendó, categóricamente, que "el gobierno de Ecuador debe ordenar la prohibición de la construcción de la carretera en el Parque Nacional Yasuní."17


Todas las fases de la explotación petrolera provocan impactos: (1) la sísmica (como ya se enunció antes); (2) la perforación de pozos provoca contaminación de aguas, de aire, de suelos, deforestación, erosión, pérdida de biodiversidad; (3) la producción provoca contaminación de aguas para el riego y para el consumo humano con sustancias químicas tóxicas18, contaminación de aire, contaminación se suelos; y (4) el transporte, ya por el deterioro de las líneas de conducción, ya por los derrames, quizá el caso más cercano ha sido el derrame de petróleo en la laguna de Papallacta.

 

Otro efecto negativo de la explotación petrolera es el que se presenta con las poblaciones humanas nativas, cada vez más amenazadas en su integridad étnica y cultural19, las cuales van progresivamente extinguiéndose conjuntamente con los recursos naturales o van perdiendo su identidad cultural.20

 

Todos estos daños han sido probados en el caso conocido como "caso Texaco", que se tramita en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, y en donde se sostiene que algunos daños son irreparables y otros muy costosos.

 

Es por esto que la Comisión Interamericana sugirió al gobierno ecuatoriano que lo que procede es "descontaminar para corregir errores que nunca debieron haberse cometido."21

 

Lo que pedimos, Señores Jueces, es evitar errores a tiempo en el parque nacional Yasuní.

 

3.3. Responsabilidad del Estado del Estado.-

 

1. La realización de actividades de exploración y explotación petrolera, dentro del Parque Nacional Yasuní, son incompatibles con el manejo adecuado y sustentable de una reserva de biosfera y el hecho de que el Estado ecuatoriano permita dichas actividades es una clara violación de los acuerdos internacionales asumidos por el estado en relación a la Red Mundial de la Biosfera de la UNESCO.

 

2. Debemos considerar que las obligaciones que tiene el Estado para con las personas que se encuentran en su territorio son de distinta clase. Al ser el Estado quien tiene jurisdicción directa en el manejo de las reservas naturales, su obligación es de "hacer", es decir, de tomar las medidas necesarias para la protección de las reservas naturales; de igual manera dicha obligación es de "resultado", ya que la protección del medio ambiente es una acción directa de sus agentes o delegatarios. Esto se concluye de la norma constitucional del artículo 8622.

 

Nos permitimos, por la pertinencia, citar un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, con respecto a la responsabilidad del Estado en relación al medio ambiente: "Tratándose de normas sobre medio ambiente [...] que representan limitaciones legales para la empresa y la iniciativa económica, en aras del bien común y del medio ambiente, la omisión del ejercicio de las competencias por parte de las autoridades administrativas o su deficiente desempeño, puede exponer a las personas a sufrir mengua en sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente sano..."23

 

3. El Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos. Respeta los derechos humanos, en este caso y en relación al derecho al medio ambiente, al no realizar actividades directamente en el parque Yasuní. Hace respetar al tomar medidas conducentes a que nadie, empresa o persona natural, altere las regulaciones un parque considerado Reserva Mundial de Biosfera.

 

4. El Estado podría incurrir en responsabilidad nacional e internacional si concede la licencia ambiental a Petrobrás y rompería con las obligaciones enunciadas.

 

5. La presencia de Petrobras en un área protegida violenta las normas
nacionales sobre áreas protegidas, valiéndose de una contradiccion legal con
la Ley de Hidrocarburos, que permite estas actividades. Sin embargo, la
Constitución, que es la el marco legal superior, establece que en
areas protegidas se deberá garantizar la conservación de las biodiversidad
(Art. 86.3).  Las actividades petroleras jamás podrán ofrecer esta garantía.

 

 

4. PETICIONES.-

 

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo prescrito en el Art. 95 de la Constitución Política de la República del Ecuador y Art. 46 de la Ley de Control Constitucional, con el objeto de evitar la comisión de un acto que ocasionaría violaciones al derecho al medio ambiente, pedimos ordene las siguientes medidas:

 

1. Que el Señor Ministro de Ambiente revoque la licencia ambiental concedida a Petrobras y, por tanto, que el Ministerio de Ambiente no permita la explotación petrolera ni la construcción de la carretera en el parque nacional Yasuní.

 

2. Que el Señor Ministro de Ambiente impulse un estudio independiente y participativo sectorial sobre las operaciones petroleras dentro del parque Nacional Yasuní (bloques 16, 14 y 31) con el objeto de demostrar los impactos ambientales causados por la exploración y explotación petrolera.

.

5. JURAMENTO.-

 

Conforme lo exige el artículo 57 de la Ley de Control Constitucional y el Art. 2 de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el RO. N. 559, del 19 de abril del 2002 , en este mismo escrito bajo juramento declaramos que no hemos presentado otra acción de amparo ni otra acción legal con el mismo objeto ante otro juez o tribunal.

 

6. CITACIÓN.-

 

A los demandados señores Procurador General del Estado y Ministro de Ambiente se los citará con la presente acción constitucional en sus despachos.

 

 

7. REPRESENTACIÓN Y DOMICILIO JUDICIAL.-

 

Notificaciones las recibiremos en el Casillero Judicial N. 1387.

 

Suscribimos con nuestras abogadas y abogado patrocinadoras en la presente demanda de inconstitucionalidad, Ramiro Avila Santamaría, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la PUCE, Gina Benavides Llerena, Silvana Sánchez Pinto, asesoras legales del INREDH, y Aidé Peralta Zambrano, Asesora legal de la CEDHU, a quienes autorizamos para actúen, juntos o separadamente, en nuestro nombre y representación en cuanto acto fuere necesario en el trámite de esta causa.

 

 

 

 

 

 

Elsie Monge Yoder Patricio Benalcázar Alarcón

Directora Ejecutiva CEDHU Presidente INREDH

 

 

 

 

 

Jorge Benavides Ordoñez David Cordero

Presidente FEUCE Clínica DDHH PUCE

 

 

Leonidas Iza

CONAIE

 

 

 

Dra. Gina Benavides Llerena Dra. Silvana Sánchez Pinto

Mat. 5296 CAP Mat. 3630

INREDH INREDH

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Aidé Peralta Zambrano Ramiro Avila Santamaría

Mat. 7128 CAP Mat. 3401 CAP

Clínica de Derechos Humanos PUCE

 

1 R.O N. 69, 20 de noviembre 1979.

2 Ver Katia Romoleroux y otros, "Arboles y arbustos encontrados en dos hectáreas de bosque de la Amazonía Ecuatoriana", en Estudios sobre diversidad y ecología de plantas, 1995, pág. 189-215.

3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR Y MINISTERIO DEL AMBIENTE, Estudio de flora y fauna en el bloque 31, Parque Nacional Yasuní, primera edición, Quito, Ecuador, 2002

4 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR Y MINISTERIO DEL AMBIENTE, Estudio de flora y fauna en el bloque 31, Parque Nacional Yasuní, primera edición, Quito, Ecuador, 2002

5 http://www2.unesco.org/mab/br/brdir/directory/biores.asp?code=ECU+02&mode=all

6 Conferencia de expertos de la UNESCO sobre la Red Mundial de la Biosfera, Sevilla, 1995

7 Ministerio de Ambiente y Universidad Católica, "Estudio de flora y fauna en el bloque 31, Parque nacional Yasuní", Pecon, Ecuador, 2002, p. 15

8 Ver CORDAVI, "Vida por Petróleo", 1992.

9 Ver Acción Ecológica y Oil Watch, "Petrobrás en el Yasuní, comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del Bloque 31", mayo 2004, p.5.

10 El Comercio, martes 20 de abril de 2004.

11 Ver Acción Ecológica, "Manual de Monitereo Ambiental Comunitario", Tomo I, 2001.

12 En noviembre de 1999, se organizaron movilizaciones en contra de Pérez Compac, protagonizadas por indigenas Kichwas y Huaorani, por "el irreversible deterioro de la selva" (Telegrafo 22 de noviembre 1999). Perez Companc fue acusada en el ano 2000 de dejar cargas explosivas sin explotar y de provocar la division de la comunidad (Oficio de la Comuna del 10 de septiembre del 2003).Las Comunas Kichwas San Vicente y Sinchi Chicta afirmaron sentirse "cansadas e que la compania los utilice y los considere ignorantes y los engane y desinforme a su antojo". En sus denuncias exigieron respeto de sus derechos como comunas indigenas y como ecuatorianos (Carta del 6 de septiembre del 2003 de la comunidad).

13 Boletin de prensa de la Pastoral Social del Vicariato de Aguarico del 29 de septiembre del 2003.

14 la carretera atravezó 540 esteros, que quedaron estancados, afectando además a zonas dehumedales, que se removieron 45 millones de m3 de arcillas rojas que fueron colocados abiertamente en los esteros. Los taludes fueron revegetados con especies de pastos asiáticos y africanos (Bracharia decumbens y Desmodiumsp.), óptimos para la ganadería y considerados como extremadamente agresivos con la vegetación natural, pues compiten con ella e impiden la regeneración natural del bosque. En la construcción se destruyeron entre 30 y 50 saladeros,sitios de alimentación y reproducción de especies que tienen un gran valor simbólico para los pueblos nativos. Esto, junto con la modificación de lospatrones alimenticios han sido las causas más importantes de desnutrición en la población Huaorani.

15 La comunidad Dicaro se estableció a lo largo de la carretera Maxus, cuando, durante su construcción, se movilizó a un grupo de hombres Huaorani como mano de obra barata.  Una vez terminada la carretera, estos se asentaron a lo largo de la misma estableciendo nuevos centros poblados.  Luego  llegaron algunos Kichwas, y al momento se vive un ambiente de fuerte enfrentamiento entre estos dos pueblos.  Se debe señalar que la comunidad Huaorani asentada
en la carretera es talvez la que mayor dependencia tiene con la empresa. Puesto que en las inmediaciones se encuentran dos estaciones científicas pertenecientes a dos Universidades privadas del país, los Huaorani están privados de cazar porque pueden interrumpir los estudios científicos sobre la fauna llevada a cabo por investigadores de estas estaciones. Alerta Verde # 133  Accion Ecológica junio 2004.

16 Uno de los mayores problemas ocasionados por una carretera es la apertura a la colonización. Esta carretera, a pesar de la promesas de Maxus de no permitir la entrada de colonos, en la actualidad se encuentra colonizada, aunque en menor medida y esto se debe al estricto control que ejerce la empresa petrolera de carácter privado, que además es extranjera (hoy Repsol-YPF). Se ha dado la situación en que las compañías están negando la entrada y ocupación a los propios ecuatorianos. Alerta Verde # 133  Accion Ecológica junio 2004.

17 Sub-Comission on the prevention of Discrimination and Protection of Minorities, "Oil Road Construction through Ecuador's Yasuni National Park", 1989, p. 21.

18 FUNDACIÓN BIO-PARQUES, Plan de manejo de la reserva de biosfera Sumaco, 2002, Pág. 44

19 El Pueblo Huaorani sufre de un acelerado exterminio debido a las actividades petroleras. Se han introducido numerosas enfermedades, entre ellas hepatitis B y D, enfermedades venereas, y otras.  En 1999 se hicieron analisis de sangre, en  los Estados Unidos, Peru y Ecuador, que prueban esta realidad. El informe revela que los Huaorani se contagiaron mientras vivian o trabajaban en un campo petrolero (El Comercio 2 de marzo de 1999)

20 La presencia de Petrobras en el Ecuador ha tenido ya severas implicaciones ambientales y sociales.  Cuando operaba en el bloque 17, en 1987 como Braspetro, se denunciaron graves abusos de los  trabajadores al pueblo Huaorani Tagaeri -pueblo en asilamiento voluntario-. En aquella época, trabajadores de Braspetro introducian perros y mataban a los Huaorani (Milagros Aguirre, El Comercio, 22 de junio del 2003). Recientemente, la Comuna Samona Yuturi denuncio que Petrobras entro a su territorio sin permiso para construir dos helipuertos y una trocha. La empresa presento una solicitud a la comunidad para hacer estas obras cuando los trabajos ya estaban iniciados. (Fuente: Carta de la Comuna Samona Yuturi del 10 de septiembre del 2003).

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Ecuador, "La situación de los derechos Humanos de los habitantes del interior del Ecuador afectados pora las actividades de Desarrollo", 1997. www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp

22 "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Se declara de interés público:1.- La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 2.- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para los fines deberán cumplir las actividades públicas o privadas. 3.- El establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales."

23 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia No. T-390/93, 13 de septiembre de 1993. Además se sostiene que "ciertamente la resignación de las competencias administrativas se traduce en abrir las vías para que los peligros y los riesgos, que en representación de la sociedad deberían ser controlados y manejados por la administración apelando a su amplio repertorio competencial, se ciernan directamente sobre loas administrados amenazando en muchos casos sus derechos constitucionales. Adicionalmente, la omisión o negligencia administrativa, rompe los equilibrios que el constituyente ha querido establecer mediante la consagración positiva de los principios de calidad de vida y desarrollo sostenible, abandonando al hombre y al ambiente a la completa instrumentación y sojuzgamiento por la razón ilimitadamente expansiva del capital, cuyos límites en la práctica son removidos por aquélla causa. En estas circunstancias, cancelada o debilitada la barrera de las autoridades administrativas y de la correcta aplicación de un cuerpo específico de normas protectoras, los particulares, diferentes de la empresa beneficiada y de sus beneficiarios reales que ante la ausencia de límites aumentan su poder, quedan respecto de éstos en condición material de subrogación e indefensión. [...] Es claro para esta Sala que la inacción y la negligencia de la administración, encargada de aplicar y administrar las normas legales, entre otras graves consecuencias, genera y expande supremacías y poderes privados, a la par que aumenta la indefensión de amplios sectores sociales. Definitivamente es el expediente eficaz de un género perverso de distribución del poder social."