Joan Martinez Alier

Dejar el petróleo en tierra implica un importante costo de oportunidad financiero. Sin embargo, existen buenas razones económicas para declarar una moratoria indefinida en el Yasuní porque los costos reales de la explotación petrolera son probablemente mayores que los beneficios.

Primero, el precio del petróleo pesado es menor y los costos de extracción  y transporte son mayores que los del crudo liviano. Segundo, habría externalidades  locales, en la forma de contaminación del aire y agua, deforestación y pérdida  de una rica biodiversidad, además de la amenaza al sustento, la cultura y la  salud de los indígenas Huaorani. No es fácil traducir estos costos a términos  económicos pero son realmente altos y a menudo irreversibles.

Hay que subrayar que al evitar la deforestación también se contribuye a la  lucha contra el cambio climático.

En tercer lugar, el petróleo extraído finalmente se convertirá en dióxido de  carbono, en tanto que la producción mundial de dióxido de carbono está creciendo  más de 3 por ciento al año en vez de decrecer como debería. Ecuador tiene escasa  responsabilidad histórica en el cambio climático mundial. Ecuador no está obligado  por los acuerdos internacionales vigentes a disminuir los gases con efecto invernadero,  a pesar de lo cual, el gobierno quiere contribuir a reducir las emisiones de  dióxido de carbono liderando una propuesta desde el sur. Los países ricos producen  más gases de efecto invernadero per capita que lo que justamente les corresponde.  Transfieren los costos del cambio climático hacia los más pobres y hacia las  generaciones futuras. Mientras tanto, Ecuador está diciendo: no queremos que  aumenten los pasivos ambientales, no queremos que aumente la deuda ecológica.

El 14 de julio del 2007, The Economist advertía que el deshielo de los glaciares  andinos causará problemas en las reservas de agua. Nadie está compensando al  Ecuador por este daño. Con desvergüenza, los países ricos van a ofrecer créditos  de “adaptación” al cambio climático a países del sur, en vez de pagar sus deudas  ecológicas. Devolver esos créditos obligará eventualmente a países como Nigeria,  Bolivia, Perú, a exportar todavía más petróleo y gas. El sur debe ya convertirse  en protagonista en vez de aceptar limosnas o, peor aun, créditos de “adaptación”.  El cambio climático no es asunto de gringos ecologistas, es un tema del sur.  En este contexto, mantener el petróleo del Yasuní en tierra indefinidamente  es una iniciativa sensata.

En cuarto lugar, en el Yasuní o dónde sea, extraer y vender petróleo es liquidar  un patrimonio, no es un ingreso continuo. Extraer el petróleo significa sacrificar  futuros ingresos sobre todo si se da el caso que en 20 o 30 años el petróleo  alcance precios más altos que los actuales al acercarnos al pico de la curva  de Hubbert hacia los 100 mbd. Sin embargo, en los próximos decenios la reducción  de las emisiones de gases con efecto invernadero se hará cada vez más acuciante  aunque haya que pagar mucho por ella. Además, el valor de la biodiversidad tiende  a incrementarse conforme al ritmo de su destrucción. Existe por tanto mucha  incertidumbre sobre beneficios y costos en el futuro distante, de manera que  la decisión del gobierno del Ecuador se toma considerando los costos y beneficios  de la explotación petrolera en el corto plazo, y es una decisión que en principio  se toma para siempre.

La explotación del Yasuní rendiría un ingreso financiero positivo sólo porque  las externalidades locales y globales no se toman en cuenta. La preservación  del Yasuní beneficia a la humanidad, no sólo al Ecuador. El Ecuador pide pues  una compensación. Sin considerar externalidades locales y globales, el estado  ecuatoriano recibiría por barril 10 o 15 dólares (precio de venta menos costos  de extracción y transporte, menos beneficio de la compañía extractora). Generosamente,  Ecuador pide solamente 5 dólares por barril. Un fondo de 4600 millones de USD  (920 millones de barriles por 5 dólares) daría al 7.5 por ciento un rendimiento  de 350 millones de USD anuales. Podría aplicarse a la reducción de la deuda  externa o a otros propósitos. A cambio, Ecuador evitará destrucción de biodiversidad,  deforestación, pérdida de culturas y vidas humanas, y además evitará la emisión  de unas 111 millones de toneladas de carbono (120 kgs de carbono por barril)  de la quem
a del petróleo.

Este fondo de USD 4600 millones se recogerá en dos o tres años, dentro del  mandato del Presidente Rafael Correa. La moratoria indefinida quedaría asegurada  en un texto legal.
Si un donante da, por ejemplo, 460 millones de dólares, podría apuntarse en  el mercado voluntario de carbono una reducción de 11 millones de toneladas de  carbono, más una cierta cantidad extra al evitar deforestación. La tonelada  de carbono sale a un precio de USD 40.

Podría argumentarse que Ecuador debe extraer y vender ese petróleo que contribuiría  a la buena marcha de la economía del país y del mundo, y que ya se negociará  después en algún lugar algún contrato de absorción o mitigación de dióxido de  carbono. Contra ese argumento hay que reiterar que es urgente bajar las emisiones  mundiales, y sobre todo que el propósito principal de dejar el petróleo del  ITT en tierra en preservar la biodiversidad, el bosque, el agua, la cultura  y la misma vida.

Las donaciones tendrían un doble destino: disminuir la presión de los pagos  de la deuda externa, o nutrir un fondo fiduciario cuyos intereses irían destinados  en el Presupuesto del Estado a proteger el Yasuní y sus habitantes indígenas,  y a inversiones socio-ambientales en otras zonas del país, apoyo a energía eólica,  geotérmica y solar, un programa social de escuelas, nuevas viviendas, y transporte  público energéticamente eficientes, el desarrollo de capacidades en eco-turismo  u otras prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador.